Sólo un juez podrá cerrar una web en los casos que afecten a la libertad de expresión, aunque admite que la autoridad competente pueda hacerlo en otros casos. Las asociaciones de internautas ven un peligro de censura en que pueda bloquear contenidos en la Red. La diputada socialista Lourdes Muñoz aclaró al Diario El País: «Sólo se traslada al mundo virtual lo que ocurre en el físico. Sanidad podrá cerrar una web que vende pastillas ilegalmente, como lo hace en la calle».
La LISI obliga a las prestadoras de servicios públicos a facilitar el alta, baja o las reclamaciones por Internet para asegurar que todos, incluidos los discapacitados, se beneficien de la sociedad digital. Obligación que ya incorporaba la Ley de Comercio Electrónico (LSSI) y que ahora se ha ampliado a más sectores.
Vía El Pais