De esta manera plantean dotar de régimen jurídico a la actividad y podrá actuar sobre la publicidad y ofertas al público de sus servicios, además de someter a autorización previa y hacer cumplir las normas tributarias.
Los tribunales de Justicia podrán cerrar una página web o retirar el contenido (escrito o audiovisual), y defienden la consideración de Internet como servicio universal, por lo tanto el servicio deberá ser de calidad.
Vía Europa Press